La información no financiera ha ido ganando mayor relevancia con el paso de los años ante el incremento de importancia que da la sociedad a la responsabilidad social corporativa (RSC). La Directiva 2014/95/UE sobre la divulgación de información no financiera y diversidad  surgió a raíz de este cambio de mentalidad.

Los miembros de la Unión Europea han ido creando leyes respecto a la información no financiera basándose en la anterior mencionada y adoptando distintos tipos de exigencia. La Ley 11/2018, fue publicada el 29 de Diciembre de 2018, con entrada en vigor al día siguiente de su publicación, siendo aplicable a los ejercicios iniciados a partir del 1 de Enero de 2018. Gracias a esta ley, España pasa a convertirse en un referente a nivel europeo en esta materia.

Esta ley afecta a las sociedades que formulen cuentas consolidadas y sociedades de capital con más de 500 trabajadores y tenga consideración de European Investment Practitioner (EIP). A los tres años de su entrada en vigor, esto se extenderá a las sociedades que formulen cuentas consolidadas y con un número de trabajadores superior a 250 y disponga de certificado de EIP, estando exentas las sociedades catalogadas como pequeñas y medianas según la Directiva 2013/34/UE. Aquellas entidades que en su fecha de cierre durante dos años consecutivos disponga de un total de activos mayor a 20 millones de euros, o bien, unos importes netos de negocios superior a 40 millones de euros también se verán afectadas por esta ley.

Si cumplen con estas condiciones, estarán obligadas a presentar un estado de información no financiera que contenga información de los proyectos de la empresa relacionados con cuestiones medioambientales, cuestiones sociales y del personal, el respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, y una descripción del modelo de negocio.  Se debe incluir toda la información relevante para poder hacer una evaluación sobre los resultados y su evolución y poder analizar el impacto en la sociedad. Toda la información deberá someterse a un prestador independiente de servicios de verificación. El público podrá acceder a este informe de forma gratuita, y deberá encontrarse de forma sencilla en el sitio web. Se publicará dentro de los seis meses siguientes a la finalización del ejercicio y deberá permanecer accesible al público durante los próximos cinco años.

 

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