NOVEDADES EN LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS

El modelo 179 es una declaración trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos. El plazo está comprendido entre el primer y el último día del mes natural posterior a la finalización del trimestre

A partir de enero del 2019 nace la obligación de informar sobre la cesión del uso de viviendas, a través del modelo 179 aprobada por la Orden HFP/544/2018 del 24 de mayo.

Hay que destacar recientemente una sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2020 y publicada en el BOE el día 23-09-2020. En esta sentencia se declara la nulidad del apartado 11 del artículo primero del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, que introduce un nuevo artículo 54.ter en el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria (Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, que regula la “Obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”)

En la sentencia del Tribunal Supremo número 1106/2020 se declara lo siguiente: se anula y se deja sin efecto el art. 54 ter del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión de inspección tributaria, introducido en 2017, ya que en su tramitación no se comunicó a la Comisión Europea como era obligatorio.

Dicha declaración de nulidad lleva consigo la desaparición de presentación de la correspondiente declaración informativa contenida en el modelo 179.

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Nuevas Formas de Apoderamiento Electrónico

Debido al contexto actual de crisis sanitaria por el covid-19, se ha instaurado un nuevo trámite para poder realizar apoderamientos ante la AEAT, sin tener que realizar desplazamientos a las oficinas.

Hay que señalar que hasta ahora el alta del poder para trámites tributarios se podía realizar de las siguientes formas:

  • Por internet, a través de certificado electrónico o Cl@ve
  • Mediante presentación personal en las oficinas de la AEAT
  • Mediante documento público o documento privado con firma notarialmente legitimada presentada ante la Agencia Tributaria.

Para facilitar la tramitación electrónica y aquellos casos en los que el poderdante no tenga identificación electrónica para apoderar, ha surgido una nueva forma de dar de alta el poder de representación, a través de la Sede Electrónica de la AEAT, sin la intervención del poderdante.

En este tipo de casos esta la posibilidad de presentación de la escritura de poder en el Registro Electrónico de la Agencia Tributaria para generar el apoderamiento.

No es necesario que participe el poderdante, pues ya en su momento otorgó el poder ante el fedatario público correspondiente.

Estas escrituras de poder otorgadas para trámites y actuaciones ante la AEAT pueden ser presentadas por el propio apoderado con su certificado electrónico o Cl@ve.

La presentación de las escrituras de poder otorgadas debe ser el apoderado las que haga su presentación por Internet con su certificado electrónico o Cl@ve, tras este procedimiento se incorporara el poder en el Registro de Apoderamientos, después de la revisión del funcionario y mediante dos formas:

  • Aportación de las escrituras em formato pdf presentadas en el Registro Electrónico.
  • Aportación en el Registro Electrónico de la Agencia Tributaria de escrituras electrónicas de apoderamiento o copias electrónicas de las mismas, regidas por el 17 bis de la ley del Notariado.

Otro nuevo procedimiento de acreditación para Certificados de Representante de Persona Jurídica y de Representante de Entidad sin Personalidad Jurídica de la FMNT a través de las oficinas de Correos.

Para la justificación de la identidad en las oficinas de Correos, el proceso es el mismo. A su vez, también habrá que rellenar electrónicamente un formulario de solicitud online con los datos de contacto (página web FNMT). Una vez rellenado y junto con la documentación necesaria para la acreditación, deberá acudir a una oficina de Correos con la documentación que se detalla en la FNMT.

Cualquier error en la cumplimentación supondrá la no emisión del certificado; la FMNT informará a través de su servicio de Atención a Usuarios, debiéndose repetir el proceso.

 

 

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Novedades en el Impuesto de Sociedades por el COVID-19

El Impuesto de Sociedades ( IS ), grava la renta de las sociedades y entidades residentes en todo el territorio español. Son residentes en territorio español, las entidades que cumplan:

  • Constitución conforme a las leyes españolas
  • Domicilio social en territorio español
  • La sede de dirección efectiva en territorio español

Están sujetos a presentar declaración del impuesto, aunque no hayan desarrollado actividades durante el periodo impositivo o no hayan obtenido rentas sujetas al impuesto. El periodo impositivo coincide con el ejercicio económico de cada entidad, no puede exceder nunca los 12 meses.

Algunos ejemplos de contribuyentes de este tipo de impuesto son:

  • Sociedades mercantiles: responsabilidad limitada, anónimas, colectivas…
  • Sociedades cooperativas
  • Sociedades unipersonales
  • Sociedades civiles con objetivo mercantil desde el 1 de enero de 2016
  • Asociaciones, fundaciones e instituciones (tanto entes públicos como privadas)

Para presentar el Impuesto de Sociedades las compañías deben presentar alguno de los formularios del IS:

  • Modelo 200: declaración anual del Impuesto de Sociedades. Su presentación se hace una vez transcurridos 6 meses desde el cierre del periodo anterior, entre el 1 y el 25 de julio.

  • Modelo 220: formulario del impuesto que se aplica a grupos de sociedades. Es más extenso que el modelo 200, al tener anexos. Su fecha límite de presentación también es el 25 de julio.

Estos modelos se presentan a la AEAT a través de vía telemática.

En el Real Decreto Ley 19/2020, del 26 de mayo , se aprueba la siguiente medida en el ámbito tributario. Regula la segunda presentación de la declaración del Impuesto de Sociedades en el caso de contribuyentes cuya formulación y aprobación de cuentas anuales se ajuste a los dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2020 (se establecieron unos plazos extraordinarios de verificación y aprobación de las cuentas anuales)

En el caso de que la autoliquidación del impuesto que resulte con arreglo a las cuentas anuales aprobadas difiera de la presentada en el plazo ordinario, los contribuyentes presentarán una nueva autoliquidación con plazo hasta el 30 de noviembre de 2020.

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Novedades en los plazos de presentación de las cuentas anuales 2019

Las Cuentas Anuales están compuestas por una serie de documentos que reúnen la información financiera de una empresa. Estos documentos son el Balance, la Cuenta de Resultados, la Memoria, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

            Las Cuentas Anuales han de ser redactadas con claridad y acorde a las normas establecidas en el Código de Comercio (artículos 42 – 49), la Ley de Sociedades de Capital (Titulo VII) y el Plan General Contable (Tercera parte). Han de ser confeccionadas cada año, y deberán de llevar la firma de un administrador corroborando la veracidad de la información contenida.

            Proporcionan información muy útil, ya que el contenido de las mismas (Ingresos y gastos, situación fiscal, deudas, inversiones financieras…), permite valorar la situación de la entidad, al igual que ver su evolución.

            Están obligadas a presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades extranjeras con sucursal en España, sociedades comanditarias por acciones y de garantía recíproca, fondos de pensiones, y cualquier empresario que tenga la obligación de presentar sus cuentas anuales.

            Cabe recordar que las Cuentas Anuales han de ser presentadas de forma anual en el Registro donde la empresa tenga su domicilio social para que queden depositadas. Los plazos se determinan mediante la Ley de Sociedades de Capital, la cual establece que las cuentas tienen que haber sido elaboradas en plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio, y deben tener la aprobación de la Junta General en un plazo de seis meses desde el cierre del ejercicio. Desde el momento de la aprobación, se dispone de un mes para su presentación ante el Registro.

Las fechas para las cuentas anuales del 2019 son: la formulación de las cuentas es del 1 de junio al 31 de agosto del 2020, la aprobación de estas debe realizarse como plazo máximo hasta el 31 de octubre y el depósito el último día del mes siguiente a su aprobación.

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Información no financiera y diversidad

La información no financiera ha ido ganando relevancia con el paso de los años ante el incremento de importancia que da la sociedad a la responsabilidad social corporativa (RSC). La Directiva 2014/95/UE sobre la divulgación de información no financiera y diversidad  surgió a raíz de este cambio de mentalidad.

Los miembros de la Unión Europea han ido creando leyes respecto a la información no financiera basándose en la anterior mencionada y adoptando distintos tipos de exigencia. La Ley 11/2018, fue publicada el 29 de Diciembre de 2018, con entrada en vigor al día siguiente de su publicación, siendo aplicable a los ejercicios iniciados a partir del 1 de Enero de 2018. Gracias a esta ley, España pasa a convertirse en un referente a nivel europeo en esta materia.

Esta ley afecta a las sociedades que formulen cuentas consolidadas y sociedades de capital con más de 500 trabajadores y tenga consideración de European Investment Practitioner (EIP). A los tres años de su entrada en vigor, esto se extenderá a las sociedades que formulen cuentas consolidadas y con un número de trabajadores superior a 250 y disponga de certificado de EIP, estando exentas las sociedades catalogadas como pequeñas y medianas según la Directiva 2013/34/UE. Aquellas entidades que en su fecha de cierre durante dos años consecutivos disponga de un total de activos mayor a 20 millones de euros, o bien, unos importes netos de negocios superior a 40 millones de euros también se verán afectadas por esta ley.

Si cumplen con estas condiciones, estarán obligadas a presentar un estado de información no financiera que contenga información de los proyectos de la empresa relacionados con cuestiones medioambientales, cuestiones sociales y del personal, el respeto de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno, y una descripción del modelo de negocio.  Se debe incluir toda la información relevante para poder hacer una evaluación sobre los resultados y su evolución y poder analizar el impacto en la sociedad. Toda la información deberá someterse a un prestador independiente de servicios de verificación. El público podrá acceder a este informe de forma gratuita, y deberá encontrarse de forma sencilla en el sitio web. Se publicará dentro de los seis meses siguientes a la finalización del ejercicio y deberá permanecer accesible al público durante los próximos cinco años.

 

 

 

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NUEVAS MEDIDAS FISCALES Y MERCANTILES

Entrada en vigor de las siguientes medidas tributarias, para hacer frente a los efectos del Covid-19, publicados en el Real Decreto Ley 19/2020.

  • El plazo máximo para formular cuentas anuales será el 31 de agosto de 2020.
  • El plazo máximo para legalizar los libros será de 4 meses a contar desde el 1 de junio, finalizando el 30 de septiembre.
  • Aprobación de las cuentas anuales en Junta General hasta el 31 de octubre de 2020.
  • El plazo máximo de presentación de las cuentas anuales será el 30 de noviembre de 2020, siempre que el ejercicio terminase el 31 de diciembre de 2019.
  • En relación al impuesto de sociedades: el plazo para la autoliquidación sigue siendo el mismo, 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo.

Si a 25 de julio de 2020 la compañía no hubiera presentado las cuentas, la declaración se realizará en las cuentas anuales disponibles (para empresas cotizadas, serán las cuentas auditadas y para empresas no cotizadas, serán las cuentas auditadas). Si las cuentas aprobadas fueran diferentes a las utilizadas en la declaración, la compañía presentará una nueva, con un plazo máximo hasta el 30 de noviembre de 2020.

  • En materia de aplazamientos sin garantía, para deudores con un volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04€ y con un máximo de aplazamiento de 30.000€, cuyo plazo finalice entre el 13 de marzo y el 30 de mayo, se establece que no se devenguen por los 4 primeros meses.

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Nuevas medidas fiscales en relación al Covid-19

Con fecha 21 de abril de 2020, se ha publicado en el BOE, las nuevas medidas tributarias que afectan tanto a autónomos como a empresas, que a continuación detallamos:

  • Estimación objetiva del IRPF: se permite renuncia tácita al régimen de estimación objetiva realizada, presentando pago fraccionado del primer trimestre en plazo y calculado en estimación directa (tiene efectos solo para 2020).

Lo mismo se aplica al IVA y en IGIC respecto a la renuncia y revocación de los regímenes especiales.

  • Extensión de determinados plazos de vigencia: ampliando los plazos hasta el 30 de abril o hasta el 20 de mayo de 2020, los distintos plazos se establecen en el 33 del RD-ley 8/2020. Tiene en cuenta lo siguiente,
  • Plazo de pago de deudas liquidas
  • Vencimiento de los plazos de acuerdos de aplazamientos comunicados
  • Plazos para efectuar alegaciones, requerimientos…
  • La administración no podrá ejecutar garantías que recaigan sobre inmuebles
  • Los plazos relacionados con el desarrollo de subastas y adjudicación de bienes
  • El plazo máximo para atender requerimientos o solicitudes de información formulados en la Dirección General del Castastro
  • El plazo máximo para ejecutar las resoluciones económico-administrativo
  • Los plazos de prescripción y de caducidad se suspenden

Cuyo vencimiento será el 30 de mayo, exceptuando aquellos que el vencimiento sea posterior a dicha fecha. Todas notificaciones tienen que ser de antes o después del 14 de marzo.

  • Opción a cambiar de porcentaje sobre cuota a porcentaje sobre base de los pagos del impuesto de sociedades (solo vinculable a ejercicios iniciados en el 2020)
  • Micropymes: pago fraccionado a los contribuyentes con un volumen de operaciones no superior a 600.000€
  • Pymes: pago fraccionado a los contribuyentes con un volumen de operaciones no superior a 6.000.000€
  • Aplazamiento de las deudas de ámbito portuario, devengadas desde el 13 de marzo hasta el 30 de junio
  • No inicio del período ejecutivo: si se presenta una autoliquidación tributaria, cuyo plazo finaliza entre el 20 de abril y el 30 de mayo. También hay que cumplir los siguientes requisitos:
  • Presentación de autoliquidación en plazo
  • El contribuyente haya solicitado, en periodo voluntario de presentación, un préstamo avalado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
  • Que se satisfagan esas deudas tributarias
  • Que se conceda la financiación al menos por el importe de deudas tributarias
  • Tipos impositivos del IVA:
  • Tipo impositivo 0% para entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario. Las características: deben ser de operaciones realizadas entre el 23 de abril y el 31 de julio, los destinatarios han de ser entidades de derecho público y estas operaciones no limitan el derecho a deducir.
  • Se reduce del 21% al 4% el tipo impositivo aplicable a entregas de libros, revistas y periódicos elctrónicos.

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El fallecimiento de un propietario moroso

Por todos es conocida la existencia, en las Comunidades de Propietarios, de la incómoda situación en la que se tiene que iniciar una reclamación judicial contra el propietario de una de las viviendas, a causa de impagos en las cuotas.

Pero este problema se ve agravado en los casos en los que el potencial demandado fallece antes del inicio el procedimiento judicial y se desconoce totalmente la existencia de herederos. En estos casos, la demanda se dirigirá, sin más datos, contra la herencia yacente del fallecido y los ignorados herederos de aquél, no pudiéndose designar otro domicilio que el del inmueble del causante.

La herencia yacente es la situación en la que se encuentra la herencia desde el momento de la muerte del causante hasta que la misma sea adquirida por los llamados a ella. Si bien no posee personalidad jurídica propia, sí ostenta capacidad procesal para ser parte en procedimientos civiles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sin embargo, en no pocas ocasiones ocurre que en este tipo de procedimientos se entiende vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 24.1 de la Constitución española. Pese a la necesidad de que se produzca una representación, tal y como dispone la jurisprudencia del Tribunal Supremo "bien por medio de albaceas o administradores testamentarios o judiciales”, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la práctica nos encontramos con otra realidad.

Esta situación genera que la relación jurídico procesal sea defectuosa y haya que proceder a la declaración de nulidad de sentencia, en el caso de haberse llegado a dictar, retrotrayendo las actuaciones al momento del emplazamiento. Un ejemplo de ello es la Sentencia 74/2019 de la Audiencia Provincial de Madrid.

Asimismo, cabe destacar la reiterada doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado que exige el nombramiento de defensor judicial de la herencia yacente para “los casos en que el llamamiento a los herederos sea puramente genérico y no haya ningún interesado en la herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el juez suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente”. Doctrina que surge, entre otros, de la denegación de Registradores de la Propiedad a inscribir un inmueble a nombre de quien lo adquiere en subasta pública derivada de un procedimiento judicial ejecutivo, por no entenderse cumplido el tracto sucesivo previsto en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria. Algunos ejemplos de dicha doctrina pueden encontrarse en la Resolución de 3 de octubre de 2011, BOE del 26 de diciembre; y la Resolución de 12 de diciembre de 2018, BOE de 3 de enero de 2019.

Al tratarse de una situación un tanto compleja, si desea ampliar esta información, no dude en contactar con el equipo de profesionales que componen HEREDIA CRUCES ASESORES Y ABOGADOS en nuestros canales habituales de contacto.


MEDIDAS FISCALES EXTRAORDINARIAS POR EL COVID-19

Según el Real Decreto-Ley 8/2020, del 17 de marzo, en relación a las medidas fiscales extraordinarias y de carácter urgente. Se expone lo siguiente en referencia a los plazos de la Agencia Tributaria:

  • En primer lugar, se han flexibilizado los aplazamientos de las autoliquidaciones que deban presentarse hasta el 30 de mayo de 2020 por parte de empresas y autónomos que facturaron menos de 6.010.121,04 euros en 2019.

En estos casos, Hacienda permitirá la posibilidad de aplazar deudas de hasta 30.000 euros de forma automática y sin garantía (que ya existe actualmente) sea aplicable también a las retenciones e ingresos a cuenta, a los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y al IVA. El aplazamiento podrá solicitarse por hasta seis meses, sin que deban satisfacerse intereses de demora por los tres primeros meses.

  • Suspensión de los plazos de algunos procedimientos, ampliando su plazo hasta el 30 de abril. Algunos de esos procedimientos son:
  • Los plazos de pago de deuda tributaria por liquidaciones tributarias
  • Los vencimientos de los plazos y fracciones previamente concebidas
  • Los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información
  • Los plazos para formular alegaciones en procedimientos de alegaciones de los tributos, sancionadoras o declaración de nulidad, rectificaciones y devolución de ingresos indebidos
  • Prestación extraordinaria para autónomos. Podrán pedir esta ayuda al cumplir una serie de requisitos que se encuentran en la Agencia Tributaria.
  • No se interrumpen los plazos para la prestación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
  • El periodo de la campaña de la renta sigue igual, siendo el inicio el día 1 de abril. Para cualquier comunicación con la Agencia Tributaria solo puede ser por la vía telemática, debido a que las oficinas presenciales se encuentran cerradas.

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Períodos de aislamiento o contagio como accidente de trabajo

El coronavirus se ha convertido en un tema recurrente y en materia laboral se están planteando algunas dudas. Una de ellas era determinar en qué situación se encuentran las personas trabajadoras contagiadas por el virus, o las que deban permanecer en aislamiento (en sus domicilios sin trabajar). Pues bien, por medio de una norma que ya ha sido publicada, aclara esta cuestión a través de los siguientes puntos:

  • Se considera como situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquel periodo de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19.
  • La duración de esta prestación vendrá determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta.
  • Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en situación de alta en la Seguridad Social. A estos efectos, en caso de accidente de trabajo no se exige ningún período previo de cotización para poder acceder a la prestación.
  • La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.

La prestación de IT derivada de accidente de trabajo es de un 75% de la base reguladora diaria, desde el día siguiente al de la baja, cobrando los trabajadores una prestación equivalente al 75% de la base reguladora. En estos casos, la empresa no debe hacerse cargo de la prestación, aunque sí que asume el sueldo del día de la baja.

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